El Gobierno británico obligó a The Guardian a destruir dossieres bajo amenaza de actuaciones legales tras la publicación de documentos secretos estadounidenses entregados por Edward Snowden, declaró este marte el editor del diario británico.

Alan Rusbridger indicó que fue contactado “por un muy importante responsable del Gobierno que le dijo representaba la opinión del primer ministro”. Tuvo luego dos encuentros con este responsable, que “le pidió la entrega o destrucción de todo el material con el que estábamos trabajando”.

El diario estaba en plena publicación de la revelaciones sobre los programas de vigilancia masiva realizados por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense y por su homóloga británica, la GCHQ, tras la entrega de miles de documentos secretos por el ex consultante norteamericano Snowden.

En un artículo publicado este martes por The Guardian, Rusbridger afirma que las autoridades le dijeron: “Ya se han divertido. Ahora queremos que nos entreguen la cosa”.

“Luego siguieron varios encuentros con gente menos conocida de Whitehall”, el barrio donde se encuentran las oficinas del primer ministro, añadió el editor. “La exigencia era siempre la misma: entreguen el material Snowden o destrúyanlo… Han conseguido su debate. No necesitan escribir más sobre el tema”.

El editor declaró que el Gobierno amenazo con actuaciones judiciales para intentar recuperar los documentos secretos si el diario no los destruía.

“Y entonces se produjo uno de los momentos más extraños de la larga historia de The Guardian”, añadió.

“Dos expertos en seguridad de la GCHQ asistieron a la destrucción de los discos duros en los sótanos de The Guardian para estar seguros de que no quedaba nada que pudiera tener un interés cualquiera para agentes chinos”, cuenta el editor.

Su artículo sale cuando las autoridades británicas se enfrentan a una oleada de protestas tras la retención durante nueve horas del ciudadano brasileño de David Miranda, pareja del periodista de The Guardian que trabajó con Snowden para revelar los programas de vigilancia.

Rusbridger condenó la retención y advirtió de que “en poco tiempo será imposible que los periodistas tengan fuentes confidenciales”.